La Justicia ajusticiada

Sin instituciones justas no hay vida y convivencia humana dignas. Por lo tanto, es muy importante hacer todos los aportes que estén al propio alcance para una teoría y práctica de instituciones justas, especialmente en los países de América Latina, donde la estructuración de la vida social, económica, política y cultural, tiende cada vez más a marginar multitudes, a quienes se les niega la posibilidad de una vida digna.

La crisis del welfare state, el derrumbe del socialismo, la crisis del capitalismo extremo y el arrollador avance del neoliberalismo, con su consiguiente aumento de la brecha entre naciones y entre clases sociales, hace cada vez más acuciante el desafío de lograr en nuestro continente instituciones justas y genuinamente humanas.

Por tal motivo, uno de los temas que se abordó, aunque más tardíamente que otros, es el de la reforma de la justicia. Por fin, ha sido ampliamente tratado en los últimos años, en foros de diversa índole. Así, puede hallarse Informes sobre los estudios y propuestas realizados por expertos pertenecientes a Órganos de asistencia internacional tales como el PNUD y el BIRF, de diversos Colegios de Abogados, de Asociaciones de Magistrados judiciales, de Universidades e Instituciones académicas tanto nacionales como internacionales, y otra gran cantidad de  documentación expresiva de múltiples temperamentos e inclinaciones.

Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional y algunas provincias argentinas, han elaborado proyectos de diversa envergadura. Así, en diciembre de 1.998 el Presidente de la Nación presentó el “Plan Nacional de Reforma Judicial” donde se formularon las “Propuestas para la Reforma del Sistema de Justicia” en el marco de una “Nueva justicia para el siglo XXI”.

En otras circunstancias históricas, a pesar del breve tiempo transcurrido desde que se elaboró aquel programa, en la Mesa del Diálogo Argentino se dejó constituida la “Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino” que ha producido varios informes sobre el trabajo que cumplieron sus comisiones y talleres.

Sin embargo, todos los esfuerzos mencionados han orientado la investigación hacia los aspectos técnicos que involucra la reforma del Poder Judicial, aunque se diga que se trata de una transformación de la justicia en Argentina.

A título indicativo, cabe mencionar que en las reflexiones iniciales que prologaron el “Plan Nacional de Reforma Judicial” se decía que “el problema de administrar Justicia en forma eficiente y confiable no ha variado sustancialmente a través de la historia y creemos que no cambiará durante el próximo siglo”, por lo que las soluciones debían transitar por la modernización de la organización, la incorporación de tecnología y la adopción de nuevos métodos de trabajo, sobre todo incorporando los criterios de “productividad y eficiencia”, tanto en los aspectos estructurales como funcionales. Los problemas que debían resolverse, por su parte, eran los que consideraron la clave de los defectos del “sistema”: lentitud de los procedimientos, viejas estructuras organizativas de los Juzgados, escaso trato entre los jueces y los ciudadanos, anticuadas modalidades de trabajo, ineficiencia en el uso y administración de los recursos presupuestarios, etc.

Por tal motivo, los “componentes” que generalmente se identificaron, en el gran programa de “reforma de la Justicia” argentina eran: Acceso a la justicia; Gestión; Infraestructura; Reformas administrativas; Reformas legislativas; Capacitación y Consenso.

Pese a ello, nada de lo mencionado alcanza a configurar una “teoría y práctica de instituciones justas”. La Justicia no debe ser reformada como institución, más que “reformada”, la Justicia debe ser “recreada”, más aún, profundamente transformada. Es importante que se adopten métodos de eficiencia, propios de las ciencias de la economía y la administración, pero estos, por sí solos, no generarán esa transformación.

Paralelamente, la impunidad ha pasado a ser una expresión de la incapacidad de las instituciones públicas y del cuerpo social para preservar la vigencia de la ley y sancionar eficazmente a quienes violan el orden jurídico. El incremento de la delincuencia -y su crueldad- y de la inseguridad colectiva ha sido exponencial en estos últimos tiempos, como también lo ha sido el aumento de la conflictividad y litigiosidad de una sociedad que pone en manos de los jueces toda clase de problemas personales e interpersonales, aún aquellos que deberían resolverse en ámbitos privados.

La saturación de los Tribunales y los ingentes esfuerzos que realizan sus agentes para dar respuesta a tantas y tan dispares situaciones sometidas a su consideración, se refleja, como la paradójica contracara del desprestigio de las instituciones judiciales. Los ciudadanos no creen en la Justicia, pero llevan a ella todas las contrariedades y vicisitudes de su existencia, atiborran los Juzgados pero a la vez tienen menos expectativas de que pueden ofrecerles alguna solución a sus problemas.

A la vez, si bien la falta de respeto de los derechos fundamentales de las personas, especialmente los derechos humanos, la vergonzosa omnipresencia de la pobreza y el deterioro de los niveles de educación no dejan de constituir una escandalosa realidad y las medidas intentadas para superarla hasta ahora han resultado infructuosas, nada de esto puede ser resuelto a través de los fallos judiciales ni pueden invocarse como causas de justificación de los delitos que se cometen.

Porque los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial no pueden resolver los grandes problemas de la inequidad social en la que estamos inmersos en Argentina; todos los poderes públicos deben comprometerse por hallar soluciones a estas terribles condiciones de vida, que la pandemia del Covid-19 ha puesto a la vista, las ha revelado en todos los aspectos de su crueldad.

El Poder Judicial poco puede aportar a la hora de hallar, creativa y responsablemente, una solución a la convivencia justa y pacífica del pueblo argentino en un tiempo histórico donde la injusticia, como concepto mucho más amplio que el reducido enfoque jurídico, se enseñorea en el país. Poco puede contribuir, y con grandes limitaciones, a la construcción de un orden económico, educativo, sanitario, social, más justo.

La creación de un orden institucional, económico, educativo, sanitario, como la reducción y eliminación de la creciente pobreza y el derribamiento de grandes masas de la población a las zonas de la miseria más paupérrima e indigente; la creación de medios que permita salir de esta situación hacia estados de prosperidad personal e integración social, es una ardua y larga tarea que debe comprometer al Gobierno, fundamentalmente a quienes legislan y gestionan las necesidades públicas, y a toda la sociedad. La Justicia institucionalizada tiene que cumplir su parte, pero por sí sola es imposible que lo logre.

Ahora se propicia una reforma judicial que, por sus características puramente organizativas y de algunos procedimientos, no generará cambios sustanciales ni efectivos para elevar el nivel de la Justicia como institución pública. Un gran gasto público más, sin ningún beneficio para la población. Una gran oportunidad perdida y que, ante la situación de grave emergencia sanitaria y el insostenible aumento de los porcentajes de pobreza e indigencia, podía esperar y llevarse a cabo de una manera integral, con ideas creativas y transformadoras.

María Elena Agradano

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